En Guatemala, muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas se enfrentan a un embarazo no
deseado. Las causas van desde el no acceso a métodos anticonceptivos en las mayores; prohibición de la pareja o esposo a utilizarlos; falta de información y formación sobre sexualidad en las adolescentes, hasta el abuso sexual y violación en las niñas.
¿Qué hacer cuando una adolescente resulta embarazada producto de ejercer su sexualidad con el novio y ambos no estaban conscientes de los riesgos? ¿Qué hacer cuando una niña víctima de violación por parte de un adulto de su entorno familiar resulta embarazada? ¿Qué hacer cuando una pareja no desea tener más hijos y resulta embarazada porque le falló el método anticonceptivo?
Estas situaciones y muchas más son las que el Estado de Guatemala tiene que atender a través de las estructuras gubernamentales encargadas del sistema de salud, de educación y justicia. Al estar penalizada la interrupción de un embarazo no deseado, las mujeres pobres recurren a servicios de mala calidad con alto riesgo para su salud y vida.
La falta de una democracia real, las acciones vergonzosas del pacto de corruptos, para robar en medio de una pandemia que nos afecta a todas(os), además del bajo nivel educativo de la población, hacen difícil la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Celebramos el avance de los derechos de las humanas en nuestro país vecino, México, en donde la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, sentenció que “a partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados en este tribunal”. Con esta medida desaparece la amenaza de prisión para las mujeres que interrumpan un embarazo.
NECESITAMOS MARCOS JURÍDICOS BASADOS EN DERECHOS HUMANOS Y NO EN CONCEPCIONES RELIGIOSAS.