Organizaciones, plataformas, redes y colectivos de Sociedad Civil expusieron que la "Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia" es nociva para las y los ciudadanos guatemaltecos, al estar planteada desde la concepción de un tipo de familia de corte conservadora y no desde la visión integral de derechos humanos, mismos que deben ser garantizados progresivamente y no regresivos para las personas en Guatemala.
El domingo 22 se presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de la política que propone proyectos, programas y acciones que burocratizarán la institucionalidad y duplicarán las funciones de las Entidades Públicas
Según Esmeralda Alfaro, coordinadora del Grupo Multidisciplinario, está política disminuirá los presupuestos y aumentará alarmantemente los casos de violaciones sexuales e índices de embarazos en niñas y adolescentes.
Las organizaciones esperan que la Corte de Constitucionalidad resuelva a lugar la inconstitucionalidad y que el Ejecutivo realice acciones integrales que no se basen en creencias religiosas y fundamentalistas.